Diversos gremios de trabajadores chilenos paralizaran sus actividades este miércoles 24 y jueves 25 de agosto en apoyo a los estudiantes y en protesta por diversas demandas laborales.

Se aplicará la polémica la Ley de Seguridad del Estado para resguardar el orden y el funcionamiento de las actividades

Esta norma que tiene su origen en el régimen militar y con la llegada de la democracia tuvo algunas modificaciones. La ley criminaliza situaciones que en el cotidiano no reviste carácter de delito como puede ser un paro de los trabajadores fiscales. Se criminaliza a la conducta del  funcionario público que no va a trabajar porque tiene la intensión de alterar el orden público y el funcionamiento de un servicio de utilidad pública

Un abogado chileno aseguró que esta ley es "tan política" que sería muy poco probable que un tribunal cuando dicte la condena termine dándole la razón a la víctima, que en este caso es el Ministerio del Interior. "Produce más impacto en lo inmediato que en el largo plazo", dijo para luego explicar que lo más probable es que sirva en el control de detención para dejar a personas en prisión preventiva.

El letrado explicó que al invocarse esta ley se "exasperan las penas y al hacerlo lo que haces es que tienes mejor base para pedir que una persona quede en prisión preventiva mientras dura el proceso".

Pese a todo, López señaló que ningún organismo como Carabineros ni la fiscalías pueden actuar contra manifestantes sin tener una orden judicial, ya que la ley en la actualidad no le entrega este tipo de facultades a organismos administrativos como sí lo hizo en el pasado.

La Central Unitaria de Trabajadores (CUT) rechazó la noche del martes el trazado propuesto por las autoridades para la marcha del próximo jueves en demanda de mejoras sociales y laborales y se retiraron abruptamente de la reunión con la Intendenta (Gobernadora), Cecilia Pérez.

Nada más permanecer diez minutos con Pérez, los dirigentes de la CUT se retiraron de la reunión y tildaron de "ridícula" la propuesta de la autoridad para marchar desde el Parque Bustamante hasta calle Exposición, a unas 15 manzanas del Palacio de La Moneda, evitando las principales calles capitalinas.

La CUT, que cuenta con el apoyo de varias organizaciones sindicales internacionales, ha llamado a un paro nacional para este miércoles y jueves en demanda de una reforma del sistema tributario, una nueva Constitución, un nuevo código laboral, un sistema estatal de fondos de pensiones, que actualmente son privadas, y mayores recursos para la sanidad y la educación públicas.

Tras el encuentro de este martes, los dirigentes dijeron a los periodistas que el trazado propuesto por el Gobierno demuestra "que ellos son los violentistas, los que provocan".

"Nos recibió la intendenta, sacaron un plano muy grande, donde nos ofrecieron un recorrido que francamente es una provocación", dijo el subsecretario general de la CUT, Guillermo Salinas.

Salinas sostuvo que igualmente, el próximo jueves, a partir de las 10.00 hora local (13.00 GMT), los trabajadores marcharán desde cuatro puntos designados por la multisindical hasta el frontis de la CUT, situada a sólo unos 150 metros del Palacio de La Moneda.

Santiago resguardada por dos mil policías

La marcha de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) que se llevará a cabo el miércoles y el jueves en la capital chilena, en demanda de reformas laborales y sociales, estará seguida muy de cerca por dos mil policías antidisturbios.

El alto mando de carabineros explicó a la prensa que se esta organizando un operativo especial en la sede del Ejecutivo, las estaciones del metro, los terminales de la locomoción colectiva, aeropuertos, puertos, pasos fronterizos y varias zonas estratégicas de Santiago, donde tradicionalmente se generan disturbios.

El Ministerio de Energía trabaja con las compañías eléctricas en un programa de rápida reacción ante algún posible "apagón", producido por las cadenas que se lanzan a los cables de alta tensión.

El ministro de Salud, Jaime Mañalich, llamó a la tranquilidad a la ciudadanía ante la posibilidad de que no haya atención de salud estos dos días, pues el Ejecutivo tiene un plan de contingencia.

El Gobierno chileno teme que la paralización no solo afecte severamente el funcionamiento de servicios básicos, también le preocupa que la movilización enlace con el conflicto de los estudiantes secundarios y universitarios que ya se prolonga por tres meses en demanda de una mejor educación pública.

El líder de la CUT, Arturo Martínez, afirmó que el Gobierno chileno "ha empezado a amenazar y a crear un clima que busca criminalizar nuestra convocatoria".

"Hemos llamado a paralizar el país en todos los sentidos, no hemos llamado a ninguna otra cosa", subrayó el dirigente de la principal multisindical chilena.

Dirigentes de la locomoción colectiva (Transantiago) afirmaron que este miércoles y jueves iniciarán sus recorridos a las 09.00 horas (12.00 GMT) y que a las 17.00 horas (20.00 GMT) guardarán sus máquinas, mientras que representantes de los taxistas dijeron a la prensa que ninguno de los dos días trabajarán.

Fuentes del Ejecutivo anticiparon que los dirigentes que han llamado a las movilizaciones no son representativos de la totalidad de la bases y que por el contrario, otras agrupaciones han asegurado absoluta normalidad en el transporte colectivo.

Por su parte, el ministro de Hacienda, Felipe Larraín, aseguró que el paro convocado por la Central Unitaria de Trabajadores, tendrá un costo de 400 millones de dólares.

El jefe de las finanzas públicas chilenas dijo que "en momentos por los que atraviesa la economía mundial donde vemos las dificultades de Europa y EE.UU., me pregunto si vale la pena perder 200 millones de dólares por día, que se pueden invertir en varios aspectos del país".

En tanto, el secretario general de la OEA, José Miguel Insulza, que se encuentra en la capital chilena, sostuvo que es delicado criminalizar las manifestaciones "y que se debe dejar que el paro se desarrolle de manera pacífica".

Por su parte, el senador Eduardo Frei y expresidente de la República (1994-2000), afirmó que confía que el paro nacional de la CUT se desarrolle en forma pacífica y que el Gobierno no busque "provocar" a los convocantes de la manifestación.

A última hora de este martes, la Intendencia (Gobernación), informó a los periodistas que las marchas de las CUT, por las principales avenidas de la capital chilena, no fueron autorizadas.

"Cacerolazos" a pocas horas del paro

Una nueva jornada de "cacerolazos" se registró la noche del martes  en la capital chilena y en otras ciudades del país, a pocas horas del inicio del paro de 48 horas convocado por la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), en demandas de mejoras sociales y laborales.

Frente al Palacio de La Moneda, sede del Ejecutivo, unas doscientas personas, entre trabajadores y estudiantes, se reunieron a partir de las 20.00 hora local (23.00 GMT), a tocar cacerolas entre los que se encontraba el presidente de la CUT, Arturo Martínez y el titular del Colegio de Profesores, Jaime Gajardo.

También en la Plaza de Ñuñoa, un grupo de jóvenes y amas de casa se reunieron a tocar cacerolas y sartenes en apoyo del paro nacional de este miércoles y jueves y de las demandas de los estudiantes por una educación pública, gratuita y de calidad.

Asimismo, los "cacerolazos" se hicieron sentir en la localidad de Puente Alto, al sureste de la capital chilena, en el ayuntamiento de de Maipú y en varios edificios de departamentos de Santiago, una ciudad de 6,2 millones de habitantes.

Radio Bíobio informó que el ruido de ollas se sintió además en las ciudades sureñas de Pucón, Talca, San Carlos.

La CUT, que cuenta con el apoyo de varias organizaciones sindicales internacionales, reclama una reforma del sistema tributario, una nueva Constitución, un nuevo código laboral, un sistema estatal de fondos de pensiones, ya que actualmente todas las administradoras son privadas, y mayores recursos para la sanidad y la educación pública.

En tanto, el arzobispo de Santiago, Ricardo Ezzati y presidente de la Conferencia Episcopal, pidió a "todos los actores significativos del mundo político, social, especialmente educacional, a discernir las demandas más profundas y esenciales que han ido surgiendo de este conflicto y a valorar los temas de fondo que ellas ponen en evidencia".