Cuando el próximo 7 de agosto tome posesión de su cargo, el nuevo presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, recibirá de su antecesor, Álvaro Uribe Vélez, un país radicalmente distinto del que éste, a su vez, encontró ocho años atrás.  Y al haber gozado como candidato del evidente guiño presidencial, y resultar luego elegido con base en la promesa de preservar y continuar el legado del uribismo, recibirá también una voluminosa herencia, en la que al lado de los innegables éxitos de la "Era Uribe" –como ya la llaman algunos medios de comunicación– están también las tareas pendientes y los saldos negativos de una gestión que, sin duda, tiene ganado un lugar propio en la historia de Colombia.

Por un lado, el amplio consenso político y social que le permitió a Uribe en su momento diseñar y ejecutar la llamada "Política de Seguridad Democrática", en el marco de la cual se logró tanto la desmovilización de los grupos de autodefensa ilegal, como la significativa erosión de la capacidad ofensivas y de perturbación de las organizaciones insurgentes FARC y ELN –las cuales atraviesan uno de los momentos más críticos de su historia–, parece perfilarse hoy como el puntal sobre el que la nueva administración aspira a configurar un gobierno "de unidad nacional" (con la participación de prácticamente todos los partidos y movimientos políticos), que, capitalizando los réditos de esa misma "seguridad democrática", impulse ahora la "prosperidad", según su eslogan de campaña.

En efecto, el país en el que Santos tendrá que cumplir su cometido es un país transformado, en el que el Estado ha recuperado significativamente su capacidad para controlar y desplegar su presencia en todo el territorio; en el que la violencia indiscriminada de los grupos armados contra la población civil, en todas sus manifestaciones (como tomas de municipios, secuestros, extorsiones, y desplazamiento forzado), ha remitido sustancialmente; y en el que aún en medio de la crisis mundial, los indicadores económicos alimentan un moderado, pero expectante optimismo. Y aunque el proceso de justicia y paz con los paramilitares esté todavía a medio camino, las FARC y el ELN persistan contumazmente en la práctica del terrorismo de baja intensidad; la reparación y la restitución de tierras a los desplazados avance lentamente; y episodios como el de las ejecuciones extrajudiciales empañen la imagen en general encomiable de la Fuerza Pública; no cabe duda de que los retos que tendrá que encarar el nuevo Gobierno no son ya los de un Estado casi fallido, sino, más bien, los de una sociedad en tránsito hacia el postconflicto, con toda la problemática y complejidad que ello implica.

Con beneficio de inventario

Sin embargo, como todo heredero, Santos tendrá que reclamar la herencia con beneficio de inventario, pues parte del legado uribista puede convertirse más bien en un fardo oneroso, capaz de comprometer tanto sus posibilidades, como sus aspiraciones.

Para empezar, tendrá que tomar distancia del estilo con que Uribe gobernó durante estos ocho años:  un estilo fundado en una concepción personalista, carismática, algo plebiscitaria, paternalista, efectista y emocional del ejercicio del poder, que definitivamente contribuye poco al desarrollo de las instituciones liberales y democráticas modernas que requiere el país para dar vuelta la página en esta etapa de su historia.

También tendrá que hacer un esfuerzo para recomponer las relaciones del Ejecutivo con la Judicatura, y superar un desencuentro cuya principal evidencia es el hecho de que el país lleva más de un año con un Fiscal General interino, ante la negativa de la Corte Suprema de Justicia a elegir a alguno de los nominados por Uribe, en lo que claramente es una demostración de autonomía y una afirmación de poder del tribunal que en el fondo a nadie beneficia.

Por lo que respecta a la política exterior, Santos tendrá que replantear tanto la estrategia como el discurso, y también ampliar la agenda y los interlocutores, para superar el estado de crisis crónica con Venezuela, el relativo aislamiento regional, la excesiva dependencia del alineamiento con los Estados Unidos, y la omnipresencia de la lucha contra el narcoterrorismo en la proyección internacional del país, que caracterizaron la gestión de Uribe y que, no obstante el invaluable apoyo norteamericano al Plan Colombia, limitan la realización de los intereses nacionales en el escenario mundial.

Y por último, el nuevo Gobierno tendrá que enfrentar el toro por los cuernos en materia de política social y de infraestructura.  El enorme peso presupuestario del gasto en seguridad –inevitable por razón de las circunstancias– ha ralentizado la expansión del Estado Social en un país que padece gravemente la pobreza, y que, a pesar del crecimiento económico, sigue siendo uno de los más inequitativos de la región.  Y, por otra parte, el país vive aún en un déficit de infraestructuras que compromete su competitividad y refuerza algunas tendencias tan endémicas como nocivas en su desarrollo.

Un comienzo promisorio

No le bastarán a Santos cuatro (ni ocho) años para completar semejante tarea.  Pero tal como están las cosas, tiene ante sí un escenario promisorio para sentar las bases necesarias para que Colombia dé un cambio radical, un viraje definitivo que le permita despojarse del estigma y de las taras acumuladas durante tanto tiempo.  Tiene para ello a su favor lo mucho que el país logró de la mano firme de Álvaro Uribe.  Pero necesita, también, liquidar la parte negativa de su herencia.

Santos lo sabe, y a juzgar por lo que ya se conoce de su equipo de gobierno, y por algunos de sus gestos y primeras iniciativas, no va a desaprovechar la inmejorable ocasión que tiene para hacerlo.